Catedráticos de Derecho, magistrados eméritos del TS y abogados como Garzón respaldan a Iglesias frente al CGPJ
A raíz de la nota emitida por el CGPJ sobre un tuit de Pablo Iglesias, en su legítimo derecho para opinar respecto a una resolución judicial en la que se condena a Isa Serra, diputada, a una condena muy grave, sobre la única base de testimonios policiales.
Manifestamos:
La Libertad de Expresión reconocida como derecho fundamental en el art. 20 C.E. solo puede ser objeto de limitación cuando concurran circunstancias especialmente relevantes.
El TEDH es constante estableciendo que solo está justificada la limitación de la libertad de expresión cuando las conductas supongan un riesgo para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden o la prevención del delito.
Nos parece grave, muy grave, que desde el CGPJ, se efectúe una “amonestación” a uno de nuestros más altos representantes en el Gobierno. El Consejo ha hecho público su “profundo malestar”, su “absoluto y rotundo rechazo” a la opinión emitida, “el tono ciertamente inapropiado” de la misma sobre la base de que ésta proviene de quien es Vicepresidente del Gobierno.
La nota de la permanente del CGPJ – con un voto en contra - supone una interferencia inadmisible en un Estado de Derecho y confunde la independencia judicial tan alegada en ese texto con la presión corporativa contra una opinión libre, tergiversando por cierto los términos de la misma, llegando a afirmar que en la misma se establecida una “sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles”, lo que resulta una presunción infundada para cualquiera que haya leído el mensaje.
Pablo Iglesias ha ejercido la libre critica a las resoluciones judiciales, aunque al CGPJ le parezca inadmisible “cuestionar una actuación judicial”.
Nos ha recordado que la sentencia responde a un modelo irracional de valoración de la prueba, a un esquema impresionista donde campa el subjetivismo del intérprete, ajeno a los requerimientos de la epistemología y de la psicología del testimonio.
Buena muestra es la apreciación de que «no tiene dudas la Sala de la veracidad» del reconocimiento (p. 51), como si esa declaración de intenciones resolviera el problema de la prueba de la autoría, o como si la duda que interesa es la situación de certeza o incerteza del intérprete y no el conocimiento que aportan las pruebas. Además, se confunde la corroboración del hecho –el atentado, las lesiones y los daños- con la confirmación de la autoría. La sentencia incurre en graves errores de paradigma probatorio. Y cualquier ciudadano, incluso un vicepresidente del Gobierno, tiene derecho a opinar sobe ello, como por otra parte es una práctica común que se ha venido haciendo elogiosa o críticamente en otros asuntos judiciales sin que, razonablemente, el CGPJ haya juzgado conveniente alzar su voz tonante.
No se respeta la independencia judicial eludiendo la critica a las decisiones de los jueces. Manifestamos con toda nuestra contundencia nuestra convicción democrática que impide restringir la crítica y cuestionar las resoluciones judiciales como un derecho ciudadano fundamental. No se puede censurar a Pablo Iglesias por haber opinado en ese sentido.
Joaquín Aparicio Tovar, Catedrático Emérito Derecho del trabajo y SS, Universidad Castilla La Mancha (Albacete)
María José́ Fariñas Dulce, Catedrática de Filosofía del Derecho, Universidad Carlos III de Madrid.
Nicolás García Rivas, Catedrático Penal, Director del departamento de Derecho Público y de la Empresa, UCLM
Juan López Gandía, Catedrático de Derecho del Trabajo y SS, Universidad Politécnica de Valencia Amparo Merino Segovia, Prof. Titular de Derecho del trabajo y SS, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, UCLM
Emma Rodríguez Rodríguez, Profesora Derecho del trabajo y SS, Universidad de Vigo
Francisco Trillo Párraga, Profesor Derecho del Trabajo y SS, Universidad Castilla La Mancha(Ciudad Real) Antonio Baylos Grau, Catedrático de Derecho del Trabajo y SS y Director del Centro europeo y Latinoamericano para el Dialogo Social, instituto de investigación de la UCLM
Jaime Cabeza Pereiro, Catedrático de Derecho del trabajo y SS. Universidad de Vigo
Rosario de Vicente Martínez, Catedrática de Derecho Penal, Universidad Castilla La Mancha
Francisco Serra Giménez, Profesor Titular Derecho constitucional, Universidad Complutense de Madrid Xavier Pedrol Rovira, Profesor Agregado Filosofía de Derecho, Universidad de Barcelona.
Héctor Claudio Silveira Gorki, Profesor Filosofía del Derecho, Universidad de Barcelona
Juan Ma Terradillos Basoco, Catedrático emérito de Derecho Penal, Universidad de Cádiz.
Ana Yáñez Vega, Profesora de Derecho Administrativo, Vicedecana Facultad CC. Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid.
Rosario Gallardo Moya, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y S. Social, Universidad Castilla La Mancha (Toledo)
Francisco Alemán Páez, Catedrático de Derecho del trabajo y S.Social, Universidad de Córdoba. Guillermo Portilla Contreras. Catedrático Derecho Penal. Universidad de Jaén.
Adoración Guamán, Profesora Titular de Derecho del Trabajo. Universidad de Valencia.
Maria José Romero Rodenas, Catedrática de Derecho del Trabajo y Decana de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Albacete (UCLM).
Hernán Hormazábal Malarée, Catedrático Jubilado de Derecho Penal, ex Presidente de la Asociación por los Derechos Humanos de España.
Luis Collado García, abogado, editor de Bomarzo, S.A.
Enrique Lillo Pérez, abogado de CC.OO.
Carmen Estévez González, Profesora Derecho del Trabajo Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Baltasar Garzón Real, Jurista, ex Magistrado
Elena Vázquez Núñez, Presidenta FAI-Red de Abogados Demócratas
Jordi Agustí. Magistrado emérito del TS
José Antonio Martin Pallín. Magistrado emérito del TS
Fabio Marcelli, director Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales del Consejo Nacional de investigaciones (Italia)
Fernando Salinas. Magistrado emérito del TS
José Luis Muga Muñoz, Secretario General de Abogados Demócratas Europeos (AED)
Angeles Chinarro Pulido. Presidenta de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) Enrique Olivas.- Profesor de Filosofía del Derecho de la UCM.