EL EJIDO DEL GRAVAMEN
La finca Ejido del Gravamen, a unos dos kilómetros de distancia de la población, tiene, según mi información, 90 Has. aproximadamente de extensión superficial. De dicha finca son propietarios del derecho de pastos dos familias (una de 55 Has. y la otra de 35), y del derecho de siembra -cada tres años- lo son numerosos agricultores, casi todos de condición modesta, cuyas parcelas oscilan entre una y seis Has. de cabida, dándose el caso paradójico de que los señores que tienen el derecho de pastos abonan el 11,45 por ciento de la contribución rústica y los del derecho de siembra el 88,55 por ciento restante. La desproporción es evidente. Cómo les quedaría la cabeza a los señores que hicieron la valoración de ambos derechos. Pero no radica en el pago de los impuestos, aunque también, la gravedad del problema, sino en que los propietarios del derecho de siembra únicamente pueden sembrar sus parcelas, como he dicho antes, cada tres años, no pudiéndolas vallar, abrir pozos, plantar árboles ni efectuar ninguna clase de edificación.
De lo expuesto fácilmente se infiere que la finca mencionada está infraexplotada, situación que bajo ningún concepto puede permitirse Quintana por ser pobre en recursos naturales, si exceptuamos, claro es, la explotación de sus canteras de piedra de granito, como lo demuestra el hecho de que en los primeros años de la década de los 60 emigraran más de 4.000 habitantes de los 9.000 con que contaba el censo de población, los mismos que no han retornado.
Es incomprensible que a las puertas del tercer milenio haya fincas afectadas de gravámenes que, por tal causa, impidan que se obtengan mayores beneficios económicos, ahora que todo ei mundo se estruja el magín en busca de nuevos yacimientos de empleo, a fin de paliar, en la medida de lo posible, el paro obrero, endémico en Extremadura. Si los que teniendo poder político se cruzan de brazos y no hacen nada para producirlos, ya sea por acción u omisión, puede que algún día la sociedad se lo demande. Parece como si no nos hubiéramos enterado de que el artículo 123, punto 1, de la Constitución Española dice que "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cualquiera su titularidad está subordinada al interés general". También se nos ha debido olvidar que la tierra, como cualquier otra fuente de producción, ha de cumplir su función social.
Este problema no tiene otra opción, a mi modo de ver, que los dueños del derecho de pastos vendan a los del derecho de siembra, o viceversa, mediante la oportuna tasación pericial. Si las partes interesadas aceptan la peritación, el paso siguiente sería la formalización de las escrituras públicas. Si, por el contrarío, no se hubiera logrado ningún acuerdo, que sea la suerte la que decida. Yo soy propietario del derecho de siembra de cuatro Has. y me es totalmente indiferente vender o comprar en las condiciones antes señaladas.
No hace falta haber ido a estudiar a Salamanca para comprender que, redimida dicha finca del gravamen que pesa sobre ella, de aquí a ocho o diez años, o quizá antes, sería un vergel. No hay nada más que echarle la vista a los predios colindantes para comprobarlo. ¿Se ha parado alguien a pensar en el número de peonadas que se invertirían en la precitada finca si fuera liberada del referido gravamen? Porque inmediatamente se construirían chalés, naves, almacenes, pozos, se plantarían árboles, se vallarían parcelas... tantas cosas. En definitiva, se crearía riqueza y, consecuentemente, empleo. Siempre que se presente la ocasión han de crearse puestos de trabajo. Es responsabilidad de todos (gobernantes y gobernados). Démosle al hombre la cañar y no el pez y lo demás vendrá por añadidura. Miremos al empleo como un aspecto social de la economía.
Pongamos todos lo que esté de nuestra parte para terminar de una vez por todas con esta anacrónica situación. A fin de cuentas "al atardecer de nuestra vida (efímera) seremos examinados de amor". El entrecomillado, excepto el paréntesis, es de San Juan de la Cruz.
Escrito por Pedro Rodríguez Horrillo.